Para Acción Campesina, el “proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Afines” aprobado en primera discusión el pasado 24 de enero de 2023 por la Asamblea Nacional (AN), viola el derecho humano a la libertad de asociación y pone en riesgo la vida de miles de venezolanos que dependen de la ayuda humanitaria para sobrevivir.
Contrario a los tratados internacionales de derechos humanos suscritos por el Estado venezolano y la Constitución nacional, este Proyecto de Ley despojaría a la sociedad venezolana de sus capacidades y libertades para asistirse, organizarse, expresarse, defender sus derechos, participar en asuntos públicos y acudir a la solidaridad, protección y cooperación internacional, con las cuales poder afrontar la grave crisis de derechos humanos y la emergencia humanitaria compleja que afecta a la mayoría de la población, en múltiples sectores y ámbitos de sus vidas (civiles, políticas, laborales, económicas, sociales, humanitarias, culturales y ambientales).
Además, como asegura PROVEA, el citado proyecto de ley es también un instrumento de represalia, al decir en su presentación que “todas las ONG tienen carácter político” y cita una lista de 62 ONG que estarían de antemano perseguidas al aprobarse esta Ley.
En tal sentido, Acción Campesina rechaza este nuevo instrumento legal que pretende otorgar un control absoluto al Estado, con reglas de juego poco claras y se une a las más de 400 organizaciones de la sociedad civil que levantaron su voz para intentar frenar su aprobación definitiva por parte del Legislativo.